La Ley Olimpia surgió debido a un suceso ocurrido en 2012, en el que Olimpia Coral fue víctima de su pareja, quien, sin su consentimiento, filtró un vídeo íntimo. Lo que se traduciría, tras una larga lucha, en la aprobación de la ley que llevaría su nombre "Ley Olimpia", la cual castiga el acoso digital y tipifica como delito contra la intimidad sexual grabar, tomar fotos o difundir imágenes o mensajes de contenido sexual sin consentimiento.

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¿Cómo se relaciona la Ley Olimpia con los derechos humanos y la protección de datos?

La Ley Olimpia, además de defender a las personas del ciberacoso, también se fundamenta en el derecho humano a la protección de datos personales, el cual está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En este sentido, la Ley Olimpia establece que las imágenes y videos íntimos de las personas son datos personales sensibles, y que su tratamiento requiere del consentimiento expreso de la persona titular de los datos.

Así mismo, la Ley Olimpia también establece que las plataformas digitales tienen la obligación de eliminar los contenidos que violen la intimidad sexual de las personas, sin necesidad de una orden judicial.

En este orden de ideas, las leyes que buscan la protección de un número de personas ciudadanas (cosa que pasa en la mayoría de las leyes) están íntimamente relacionadas con otras dependencias académicas que se complementan.

La aplicación de la Ley Olimpia

La Ley Olimpia ha tenido un impacto positivo en la protección de los derechos humanos de las mujeres y las y los miembros de la comunidad LGBT+ en México, ya que eran las principales víctimas de este delito, sin embargo, dicha ley beneficia a todas las personas.

Desde su entrada en vigor, se han registrado un número significativo de denuncias por delitos de violencia digital, que, aunque ya estén en el mapa de la legislación, actúa con lentitud, porque de todas las denuncias, sólo 9  han llegado a una condena hasta el día de hoy, lo cual lo convierte en un tema a tratar de manera prioritaria para su aplicación.

Uno de los principales retos es la falta de sensibilización sobre la violencia digital. Muchas personas aún no consideran que la difusión de imágenes y videos íntimos sin consentimiento sea una forma de violencia.

Otro reto es la falta de herramientas para investigar y sancionar estos delitos. Las autoridades judiciales y policiales a menudo carecen de los recursos necesarios para investigar estos delitos, lo que dificulta su sanción.

Para superar los retos que enfrenta la aplicación de la Ley Olimpia, consideramos algunas acciones:

• Sensibilización sobre la violencia digital: desarrollar campañas de sensibilización sobre la violencia digital para que las personas conozcan que la difusión de imágenes y videos íntimos sin consentimiento es una forma de violencia.
• Exigir a las autoridades que destinen mayor cantidad de recursos a la sanción de estos delitos: formar profesionales que sean capaces de proponer e identificar este tipo de problemáticas, esto a partir de la inversión en educación, lugar donde se forman profesionales con conocimiento e iniciativas para generar toda una metodología de justicia social y penal.
• Colaboración entre la ley y otras dependencias: como hemos visto, la ley no solamente aplica en la rama del derecho, también está desde el ámbito social y el buen uso de la tecnología, por ello es necesario generar una comunicación directa entre varias dependencias para lanzar iniciativas sociales y gubernamentales poderosas.
• Prevención. La mejor forma de evitar un delito es la prevención, por lo que consideramos esencial que desde las instituciones educativas se hable del tema y que los delitos cibernéticos sean tratados como cualquier otro, así mismo, compartir con las y los estudiantes cómo evitar ser víctimas de alguno.

Sabemos que llevar a cabo estas recomendaciones no es simple y lleva tiempo, sin embargo, su  implementación contribuiría a garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas en México y en especial los de las mujeres y la comunidad LGBT+.

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