V Centenario de la Guerra de las Comunidades. Capítulo I.- Contexto histórico e interpretaciones de las Comunidades de Castilla

 

Este año 2021 nos encontramos inmersos en el programa de conmemoraciones del V Centenario de la Guerra de las Comunidades de Castillas. Considerada por algunos autores como una rebelión, y por otros como la primera revolución moderna, un precedente del sistema parlamentario inglés, lo cierto es que ha tenido una gran influencia posteriormente, pues las Comunidades se mencionan en las discusiones de la Constitución norteamericana y en la de Cádiz de 1812. 

Las Comunidades fue una rebelión que se prolongó desde 1520 hasta 1522 prácticamente por todos los territorios que formaban entonces la Corona de Castilla, desde Galicia hasta Andalucía. Al igual que suele suceder en cualquier conflicto bélico, las causas que motivaron esta sublevación contra el rey Carlos I son múltiples y se entremezclan, por lo que resulta difícil explicar los motivos que originaron el descontento que acabó estallando en un movimiento armado contra el poder legítimo del monarca.

Los grupos de castellanos sublevados se constituyeron en Juntas comuneras para esgrimir su oposición política a las formas de gobierno de Carlos I. Reclamaban que el monarca residiese en Castilla y limitar su poder, exigiendo que no se diesen más cargos a los flamencos que le acompañaban. También hubo reivindicaciones sociales, para no perder algunos de sus privilegios. Y en todo este conflicto hubo un importante trasfondo económico, al reclamar que Carlos I no utilizase los impuestos de Castilla en empresas internacionales, unido a las protestas de pequeños comerciantes y artesanos, que se vieron reflejadas en las reivindicaciones de ciudades como Segovia, Toledo y Cuenca, que exigían entrar en el negocio del comercio de la lana, cuyo monopolio controlaba en ese momento Burgos, donde residía el Consulado del Mar. En el caos producido por los enfrentamientos entre ambos bandos, simultáneamente se agudizará el movimiento de resistencia anti señorial que se arrastraba desde fines de la Edad Media, una justicia popular espontánea que intentaba eliminar la opresión de sus señores.

El conjunto de reivindicaciones y motivos que explicarían la sublevación comunera han suscitado desde el siglo XIX diferentes y controvertidas interpretaciones sobre el verdadero y último sentido que tuvo la Guerra de las Comunidades de Castilla, por lo que la historiografía ha entendido el levantamiento comunero de múltiples formas. La primera etapa en esta evolución historiográfica sería la del propio siglo XVI y principios del XVII, donde cronistas de Carlos V como Antonio de Guevara, Pedro Mexía, Alonso de Santa Cruz, Juan Maldonado, Diego Colmenares y Fray Prudencio de Sandoval, condenaban de forma unánime la revuelta, y defendían que la rebelión contra el soberano legítimo era inadmisible. En el Siglo de Oro, escritores como Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo nos dejaron algunas referencias a los comuneros como sinónimo de rebeldes.

Para los romántico-liberales de principios del siglo XIX, las Comunidades fueron una explosión de las reivindicaciones por las libertades; convirtieron en mártires a los jefes comuneros, y su derrota se consideró el comienzo de la decadencia española, a la vez que se utilizó ideológicamente en la Guerra de Independencia contra los franceses de Napoleón. Comenzaba así el mito de los Comuneros como expresión de lucha por las libertades, como precursores de la Constitución de Cádiz, para lo que se ofrecía una imagen progresista de los capitanes comuneros. Su máxima expresión llegó con el IV Centenario de la batalla de Villalar, en la que el guerrillero y general Juan Martín El Empecinado lideró estas conmemoraciones.

Sin embargo, Ángel Ganivet, uno de los más ilustres exponentes de la Generación de 1898, cambió esa interpretación liberal y planteó que el verdaderamente progresista era Carlos V, pues fue él quien intentó trae la modernidad, la apertura de España a Europa para conectar Castilla con un ámbito más internacional. Por contra, los Comuneros representarían la resistencia al cambio, se aferran a las viejas tradiciones y privilegios, por lo que se le podría considerar como un movimiento medieval y reaccionario.

Pocos años después, Manuel Azaña, en 1930, criticó esta interpretación de A. Ganivet y volvió a la interpretación liberal. Analizó los Capítulos de Tordesillas a través de la documentación transcrita por Danvila, y volvió a conectar a los Comuneros con los liberales de Cádiz, en cuyas sesiones para redactar la Constitución el pueblo se reunía sin el rey.

Tras la Guerra Civil española y durante los primeros años del franquismo, se recuperó la visión más conservadora, cuyos mejores exponentes fueron Gregorio Marañón y R. Menéndez Pidal. En estos años 1940 y 50 entendían la rebelión comunera como un movimiento de signo reaccionario, un movimiento anti señorial que obstaculizaba la modernización por la que Carlos V intentaba llevar a Castilla. Se vuelve a dar la razón a Ganivet, en una época en la que el franquismo se esforzaba por identificarse con la España Imperial de Carlos V, y con los reinados de los Reyes Católicos y de Felipe II, una España Grande.

Estas ideas contrastan con las concepciones más actuales de Joseph Pérez o de José Antonio Maravall, que en 1963 calificó a las Comunidades de Castilla como la primera revolución moderna. Inciden estos autores en que tras la rebelión Comunera y los altercados en ciudades como Toledo, Segovia, etc., había un pensamiento político, y consideran que con los Comuneros se inició la modernidad. Se discute mucho sobre el papel que debía desempeñar el rey y el reino, propugnando un pacto de gobierno entre ellos, y se pone especial énfasis en el programa político que emanó de la Junta de Ávila (luego en Tordesillas), la conocida como “Ley Perpetua” (algo similar a una proto-constitución), que se arrogaba la potestad de ser el órgano representativo del pueblo, es decir, que se defendía el carácter representativo de la Junta General del Reino.

Ejecución de los comuneros de Castilla, óleo sobre lienzo de Antonio Gisbert Pérez, 1860. Palacio de las Cortes en Madrid.